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Impulsado por el Ministerio de Educación, las llamadas serán atendidas por profesionales de psicología, juristas, sociólogos, trabajadores sociales e intérpretes de lengua de signos que dispondrán de un servicio de mensajería de texto y vídeo-chat o vídeo-llamada para los usuarios que así lo necesiten.
Los profesionales derivarán los casos más graves a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Inspección Educativa, centros de salud, Ministerio Fiscal y otras autoridades e instituciones competentes.